Quién recibe la energía y quién paga el coste

Comunidades mineras, pobreza energética, empleo y decisiones compartidas.

La electricidad llega; el impacto se queda en algún lugar

Un mismo sistema puede repartir muy desigualmente sus beneficios y sus costes

Una ciudad concreta puede disfrutar de baterías cargadas, acero producido con energía limpia, y un aire notablemente más limpio gracias a la transición energética, mientras otra comunidad muy distinta convive de forma directa y continuada con una mina de extracción de minerales, una refinería, una presa hidroeléctrica o una línea de alta tensión que atraviesa su territorio. También puede ocurrir exactamente lo contrario en otros casos: un territorio productor de una materia prima energética concreta recibe empleo local e ingresos económicos reales, pero soporta al mismo tiempo riesgos ambientales y de salud que otras personas, en otro lugar, decidieron sin haber consultado directamente a quienes finalmente los sufren. En ninguno de los dos casos el reparto entre quien se beneficia y quien soporta el coste es automáticamente justo por el simple hecho de que el sistema energético en su conjunto funcione correctamente desde un punto de vista puramente técnico.

La justicia energética pregunta por la legitimidad, no solo por la eficiencia técnica

La justicia energética plantea un conjunto de preguntas que la ingeniería, por sí sola, no está diseñada para responder: quién participa realmente en la decisión de construir un proyecto energético concreto, quién puede permitirse pagar el servicio energético resultante, quién trabaja directamente en la transición hacia nuevas tecnologías, quién pierde su empleo anterior en el proceso, y quién conserva —o pierde— su tierra, su agua, su salud y su cultura como consecuencia directa de ese mismo proyecto. Estas preguntas no son un añadido sentimental o accesorio a la ingeniería del sistema: un proyecto energético que carece de legitimidad social real ante la comunidad afectada puede terminar retrasándose de forma significativa, encareciéndose considerablemente por los conflictos legales y sociales que genera, o causando un daño real y evitable a esa comunidad, incluso cuando su balance técnico de emisiones de carbono sea, en sí mismo, claramente favorable.

La pobreza energética no es solo la ausencia de una conexión eléctrica

Resulta tentador reducir la pobreza energética a la simple falta de conexión a la red eléctrica, pero esa reducción deja fuera una parte muy sustancial del problema real. Una familia puede tener acceso pleno y formal a la red eléctrica de su zona y, aun así, no poder permitirse mantener una temperatura interior segura en su propia vivienda durante los meses de más frío o de más calor, precisamente por el coste económico que supone ese consumo energético concreto en relación con sus ingresos disponibles. Mejorar de forma sustancial la eficiencia energética de la vivienda —su aislamiento térmico, sus ventanas, su sistema de climatización— y diseñar tarifas eléctricas que protejan específicamente a los hogares más vulnerables suelen proteger de forma más eficaz y más duradera que simplemente subvencionar el consumo de forma indiscriminada, sin distinguir entre quien realmente necesita esa ayuda y quien no la necesita en absoluto.

No existe una «zona de sacrificio» por naturaleza física

Ningún territorio concreto está condenado por su propia naturaleza física a convertirse en una «zona de sacrificio» que concentre de forma desproporcionada los costes ambientales y sociales de un sistema energético del que se benefician, sobre todo, personas que viven en otro lugar completamente distinto. Cuando eso ocurre en la práctica, es siempre el resultado de una decisión política concreta —explícita o implícita— de concentrar esos costes en un territorio determinado en lugar de distribuirlos de forma más equitativa entre toda la sociedad que se beneficia del servicio energético resultante. Al mismo tiempo, conviene no descartar automáticamente toda oposición local a un proyecto energético concreto como si fuera necesariamente irracional o contraria al progreso: esa oposición puede estar señalando, con razón, impactos reales y específicos que el modelo técnico original del proyecto simplemente dejó fuera de su análisis inicial.

Una transición se vuelve justa con decisiones concretas

Participación temprana y comprensible para las comunidades afectadas; consentimiento y respeto de sus derechos; datos abiertos sobre agua, emisiones y empleo del proyecto; reparto real de los beneficios económicos generados; formación y protección para los trabajadores en transición; alternativas concretas para los hogares vulnerables; restauración del territorio financiada antes del cierre de la instalación, no después; y mecanismos de queja independientes y accesibles.

No existe una «zona de sacrificio» por naturaleza física: existe siempre una decisión política de concentrar costes en un territorio determinado. Tampoco toda oposición local es irracional: puede estar señalando impactos reales que el modelo técnico original dejó fuera de su análisis.

Los números, con su origen

730 millones de personas sin acceso a electricidad, ocho de cada diez en África subsahariana

Según la Agencia Internacional de la Energía, unos 730 millones de personas en el mundo seguían sin acceso a electricidad en 2024, con una tasa de acceso mundial que se ha estancado en torno al 92 %. África subsahariana concentra ocho de cada diez personas sin acceso a electricidad en todo el mundo, más de 560 millones de personas en esa región concreta, y el déficit en las zonas rurales de esa misma región ha crecido de 376 millones de personas en 2010 a 447 millones en 2024. Alcanzar el acceso universal para 2030, el objetivo fijado internacionalmente, exigiría triplicar el ritmo actual de progreso.

Fuentes: AIE — 655 million people still living without electricity; AIE — Electricity access continues to improve in 2024.

Uno de cada diez europeos no puede mantener su vivienda caliente

En 2024, el 9,2 % de la población de la Unión Europea declaró no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, una mejora de 1,4 puntos porcentuales respecto a 2023, pero todavía muy por encima del 6,9 % registrado en 2021. Los países con mayor porcentaje de población afectada fueron Bulgaria y Grecia (ambos con un 19,0 %), seguidos de Lituania (18,0 %) y España (17,5 %); los países con menor porcentaje fueron Finlandia (2,7 %), Polonia y Eslovenia (ambos con un 3,3 %). Esto confirma que la pobreza energética no depende solo de tener o no tener conexión eléctrica, sino también de poder pagar el consumo necesario para mantener una temperatura interior segura.

Fuente: Eurostat — 9.2% of EU population struggled to keep their home warm.

Qué falta en esta tabla

Estas cifras agregadas por país o región no reflejan la situación específica de un hogar concreto: la eficiencia energética real de su vivienda, la tarifa eléctrica exacta que paga, y su nivel de ingresos disponible determinan si esa familia concreta sufre pobreza energética, con independencia del promedio nacional o regional en el que esté oficialmente encuadrada.

Fuentes